Redacción
En México se aprobó la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. Un tema que ha generado polémica, pues recabará información personal y biométrica de la gente. Esto, dicen especialistas, tendrá un impacto negativo en los derechos digitales de la población.
De acuerdo con Sergio Legorreta, abogado especialista en temas de tecnología del despacho Dentons López Velarde, uno los problemas más relevantes de esta base de datos en el país es que las autoridades tendrán acceso a la información “y no establece límites, lo cual es muy peligroso debido a los antecedentes de colusión que tienen con el crimen organizado”, comenta.
En este sentido, la doctora en derecho privado y ciencias criminales, Cynthia Solís refirió que un repositorio de esta naturaleza “abre la puerta a que cualquier autoridad pueda solicitar el acceso a la información sin que medie una orden judicial o una investigación formal en contra de un usuario”, lo cual representa un riesgo a su privacidad.
Además, los expertos coincidieron en que no existen mecanismos de seguridad sofisticados o adecuados para resguardar la masiva cantidad de información de los usuarios. “Hoy en día, las autoridades no están preparadas para manejar esas bases de datos y no cuentan con la infraestructura para gestionar los registros”, lamenta Legorreta.
Incluso detalla que esta podría ser una de las claves en el fracaso del padrón, pues ya sucedió en 2009, cuando se filtró al mercado negro el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil impulsado por Felipe Calderón. “El Renaut dejó de ejemplo la débil seguridad de datos en México y ahora no tenemos un antecedente que nos garantice que no va a ocurrir lo mismo”, concluye Legorreta.
Uruguay es otro país que padece una situación similar. A finales del año pasado se aprobó la creación de una base de datos a partir de reconocimiento facial con fines de seguridad a cargo de la Secretaría del Ministerio del Interior, pero la medida fue criticada por organizaciones civiles porque “podría vulnerar los derechos humanos” de los ciudadanos.
De acuerdo con Patricia Díaz Charquero, coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad en Uruguay (Datysoc), las principales preocupaciones que generan se basan en la discrecionalidad a los posibles usos de la información por parte de la institución gubernamental, así como de los potenciales riesgos de abuso sobre las garantías individuales.
